La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos por información que lleve al arresto de David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, directivos del Banco Afirme, acusados de abuso de confianza por retención.

Se les investiga cómo responsables de esta conducta ilícita, debido a que participaron en la retención indebida de 123 millones de pesos pertenecientes al pueblo de Baja California, misma que se cobró de manera indebida como pago por la construcción de una planta fotovoltáica que nunca se llevará a cabo pues la empresa no cuenta con los permisos federales para hacerlo.

Rodríguez y Medina son prófugos, luego de que un juez de control girara orden de aprehensión, al negarse a comparecer, seis veces, ante el mismo, pese a los citatorios que se les giraron y a que se les buscó en sus domicilios.

A los dos prófugos se les investiga junto a un grupo de funcionarios de la administración estatal encabezada por Jaime Bonilla a Valdez. Cualquier información sobre Rodríguez y Medina será recibida en el teléfono 686 776-4548.

Cabe destacar que la recompensa es individualizada. Es decir que, si alguien aporta información para localizar a los dos, esta sería de un millón de pesos. Si se aporta información de uno solo, el monto de la recompensa es de 500 mil pesos.

Una planta voltaica que nunca logró concretarse

Las raíces de este caso se remontan hacia el término del primer trimestre de 2022, cuando la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, exigió a la Banca Afirme la devolución de más de 120 millones de pesos, cantidad que había sido detenida para la construcción de una supuesta planta fotovoltaica en Mexicali.

El contrato había sido asignado a la empresa “Next Energy”, misma con la que la administración anterior, liderada por Jaime Bonilla, había firmado un contrato estipulando que el estado compraría la energía de dicha planta para alimentar el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado-Tijuana, sin embargo, al no lograr conseguir ciertos permisos, el proyecto quedó truncado.

En abril del año en curso, la institución bancaria que continúa reteniendo el dinero, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tratar el caso, según confirmó el consejero jurídico del gobierno bajacaliforniano, Juan José Pon Méndez, con la intención de revisar a detalle la información recabada hasta el momento, así como las órdenes de aprehensión en contra de sus representantes legales, Rodríguez y Medina, de quienes se desconocía su identidad en ese entonces.

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