Tras darse a conocer la detención de una agente del Ministerio Público de Tijuana en los Estados Unidos, el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dio nuevos detalles sobre el caso.
Indicó que el jueves 22 de junio, la agente que fungía como auxiliar administrativa desde 2015 en la Fiscalía Regional de Tijuana salió a comer en su horario regular, sin embargo, a partir de entonces ya no regresó a la oficina.
Sus compañeros de trabajo dijeron no tener conocimiento de que hubiera pedido un permiso y también mencionaron que la ausencia de esta agente no era algo recurrente.
Según la construcción del caso compartida por el fiscal, la ministerial se vio envuelta en una investigación en curso por parte de las autoridades estadounidenses.
Ese mismo jueves, un domicilio en San Diego estaba bajo vigilancia por ser un presunto almacén de sustancias ilícitas. En un punto alrededor del mediodía salió de ahí un masculino, quien subió a un automóvil y llegó a una plaza comercial en National City.
Por su parte, la agente tijuanense aprovechó su hora de salida para cruzar la frontera a bordo de otro vehículo. Llegó al mismo punto que el varón y ahí intercambiaron carros.
Cuando el hombre llegó de nuevo a este domicilio en otro automóvil fue intervenido por las autoridades del país vecino, quienes con una orden de cateo entraron a la vivienda y encontraron varios paquetes de cocaína.
Mientras tanto, la fémina que ya se dirigía a Tijuana a bordo de su automóvil particular -según el Fiscal Iván Carpio- fue intervenida, ya que este coche había salido del almacén de narcóticos, y había un nexo que explicar. No se aclaró que hubiera algún parentesco entre estos dos sujetos.
Carpio subrayó que las autoridades estadounidenses asumieron que ella tenía conocimiento de esto y que posiblemente había ingresado las drogas a su país, a pesar de que en ese momento el vehículo que manejaba no cargara con sustancias ilícitas.
En ese sentido, la agente ministerial presenta cargos penales en el país vecino por conspiración, y fue destituida de su cargo en la Fiscalía General de Baja California.
Asimismo, su hermana que recién había entrado a laborar a la dependencia a principios de este año, y su madre, una señora mayor que trabajaba en la institución desde 2007, ya no forman parte de la nómina de la Fiscalía. Según Iván Carpio, ambas presentaron su renuncia voluntaria.
El fiscal general aclaró que la detenida se dedicaba a la contestación de oficios diversos, trámites y amparos, y que no tenía acceso a investigaciones ni resoluciones judiciales.
Acciones internas de la Fiscalía General del Estado
El titular de la FGE, Iván Carpio Sánchez, expuso que han ejercitado acción penal en contra de 23 funcionarios de la propia dependencia en los últimos 10 meses. Estas acciones se han dado con base en denuncias por abuso de autoridad, en la mayoría de los casos. También detalló que seis servidores públicos fueron denunciados por violencia familiar y otros han sido dados de baja por consumo de drogas.
En este sentido, sostuvo que han realizado más de 2 mil 700 exámenes toxicológicos con el fin de que quienes laboren en la FGE sean personas apegadas a la ley.
Indicó que la cantidad de agentes removidos ha sido 67% superior a otros años, ya que en otras administraciones sólo se aplicaban consecuencias administrativas para que renunciaran, mientras que ahora se presentan cargos penales.
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