Nuestra Constitución, la que actualmente nos rige, tiene más de cien años. En la primaria me enseñaron que se componía de garantías individuales y sociales; fueron estas últimas las que la hicieron la primera en su tipo en todo el mundo. En su primer artículo original señalaba: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restituirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

La Constitución ha sufrido más de 800 reformas, en distintos ámbitos. Una de esas tantas modificaciones fue la reforma en materia de derechos humanos, la cual se publicó en 2011:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Necesitamos un espacio que nos dignifique. Donde podamos tomar decisiones entre iguales”, escuché decir a una activista en el conversatorio “Descubriendo la diversidad”, organizado por la Coordinación de Diversidad e Inclusión del Partido Encuentro Solidario Baja California. La frase retumbó en mi interior. Porque, aunque la Constitución nos otorga el derecho de votar y de ser votados, no garantiza la participación de los grupos minoritarios en los espacios de toma de decisiones.

Es cierto que, en un sentido muy literal, la palabra “democracia” se interpreta como “el gobierno de las mayorías”. Sin embargo, eso no significa que la democracia ignore a las minorías. Las elecciones se ganan con votos, pero el gobierno es para todos.

Por ello, luego de la reforma constitucional que obliga a la paridad de género en las candidaturas y gobiernos, las autoridades electorales implementaron acciones afirmativas para favorecer a los jóvenes, personas con discapacidad, de la comunidad LGBTQ+ y de las comunidades indígenas. En algunas entidades, incluso han dispuesto una curul para representar a los migrantes.

Las redes sociales han sido una herramienta fundamental para la difusión y concientización de estas causas; siendo el impulso ciudadano el promotor de una sociedad más plural y respetuosa. Sin embargo, aún hay deudas pendientes. Se necesita que la voz de las minorías sea escuchada en las Legislaturas locales y en el Congreso de la Unión. Deben ser los portavoces reales, reconocidos y respaldados por sus respectivas comunidades.

Los políticos mexicanos presumen ser incluyentes por utilizar un lenguaje que no garantiza la inclusión más que al pronunciarse, pero se olvidan del lenguaje los invidentes, las rampas para discapacitados y un largo etcétera. De ahí que quien esto escribe se pregunta: ¿México es verdaderamente incluyente?

Post scriptum: "Tenemos la calidad de ciudadanos de segunda clase”, Erika Farías Corcetti.

El autor es escritor, catedrático, doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

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