Exfuncionarios municipales y un juez federal han sido implicados en el intento de despojo de más de cinco hectáreas, con la anuencia del exalcalde de Los Cabos, Raúl Leggs. A este último se le suman denuncias por corrupción y malos manejos durante su administración.

Un grupo de ciudadanos nacionales y extranjeros en Los Cabos, Baja California Sur, ha denunciado a un exfuncionario municipal de apellido Costich López y abogados locales por su presunta colusión en un fraude millonario que busca despojar a los propietarios de un terreno de 5.19 hectáreas. La propiedad, ubicada en el kilómetro 3+500 de la carretera Cabo San Lucas-Todos Santos, incluye varias villas del fraccionamiento Villas Cabo Hills, un área de alto valor inmobiliario.

Según la denuncia presentada ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur y la Procuraduría General de la República, los acusados habrían manipulado un juicio laboral (expediente I-005/12) para simular un embargo ilegal sobre un terreno de más de cinco hectáreas. En dicho juicio, algunos trabajadores de la construcción reclamaron un monto total de $30,000 pesos, lo que dio lugar al embargo y adjudicación de una villa en el fraccionamiento Villas Cabo Hills, con una superficie de 208 metros cuadrados. Este bien fue suficiente para cubrir las indemnizaciones correspondientes a todos los trabajadores que demandaron a la empresa constructora.

Sin embargo y de forma ilegal, el secretario Auxiliar de dicha Junta Laboral, a finales del año 2022, ordenó la escrituración de un predio de más de 5 hectáreas, cuando en realidad la adjudicación en dicho proceso legal, era única y exclusivamente un inmueble de 208 metros cuadrados. Lo anterior en complicidad con autoridades locales y estatales, pretendiendo apropiarse de forma ilegal de un inmueble distinto al originalmente adjudicado, lo que ha desatado el conflicto legal.

El fraude se descubrió cuando uno de los propietarios intentó vender su villa en el fraccionamiento Villas Cabo Hills. Durante el proceso, el notario encargado de la escrituración le informó que su propiedad estaba gravada en el Registro Público, lo cual impedía la transacción. Al investigar, se descubrió que el embargo provenía del expediente laboral I-005/12, en el que se había ordenado de forma indebida un embargo sobre un polígono de más de cinco hectáreas. Esto afectaba no solo la propiedad del vendedor, sino también varias otras propiedades dentro del mismo polígono.

Los afectados interpusieron un recurso ante la Junta Local número 3 de Cabo San Lucas para revisar los actos judiciales. Aunque el presidente de la Junta, mediante diversas resoluciones, admitió que los afectados tenían razón al demostrar que solo se había adjudicado una villa de 208 metros cuadrados en el proceso laboral, emitió una nueva resolución en la que ordenaba la cancelación de los embargos sobre sus propiedades. Sin embargo, una de las personas implicadas en el fraude, quien de forma indebida se ostenta como propietaria de un polígono de más de cinco hectáreas, promovió un amparo ante el Juez Tercero de Distrito en La Paz.

A pesar de que la autoridad laboral ya había reconocido su error, el Juez Tercero de Distrito resolvió, de manera inusualmente rápida, el expediente en la audiencia constitucional en tan solo 30 minutos, a pesar de que este consta de más de 2,600 fojas. Esta decisión perjudicó los intereses de los afectados y ha generado sospechas de corrupción por parte del Juzgador Federal entre los involucrados.

Los propietarios afectados, que incluyen tanto ciudadanos mexicanos como estadounidenses, están solicitando la intervención de las autoridades para frenar lo que consideran un intento de despojo ilegal de sus bienes. El valor del terreno en disputa y las villas afectadas asciende a varios millones de dólares, dado su ubicación privilegiada en una de las zonas más cotizadas de Los Cabos.

El caso sigue en investigación, con varias denuncias penales tanto en el ámbito local como en el federal, además de una denuncia de juicio político contra el juez federal involucrado. Los denunciantes esperan que se haga justicia frente a lo que consideran un claro ejemplo de abuso de poder y corrupción en el sistema judicial federal. Este tipo de conductas fue una de las razones que impulsaron la reforma del Poder Judicial, orientada a frenar los abusos de poder por parte de jueces federales que actúan en función de intereses propios, alejándose del sentido de justicia que debería guiar sus resoluciones.

El caso ha sido asignado al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en La Paz, Baja California Sur, cuyos magistrados tienen la responsabilidad de impartir justicia en este grave asunto de corrupción denunciado por los afectados. Los denunciantes expresan su confianza en la integridad y sentido de justicia de los magistrados del tribunal, especialmente en la magistrada Edwigis Olivia Rotunno de Santiago, quien elaborará el proyecto de resolución.

Además, los ciudadanos afectados confían en la intervención de la Presidenta de la República, así como de las autoridades federales y locales de Baja California Sur, para frenar estos actos de corrupción que contradicen los principios que el actual gobierno promueve.