Consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Baja California, dieron a conocer que el organismo puede cancelar candidaturas a cargos de elección popular locales minutos antes del 2 de junio, dado el incumplimiento de artículos establecidos.

De acuerdo con Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del IEE, los candidatos locales que hayan tenido una sentencia por algún hecho delictivo o por atrasos en el pago de pensiones alimenticias, no pueden contender por ningún cargo público en el estado de acuerdo a la ley.

“La fracción séptima del artículo treinta y ocho dice que se encuentran suspendidos los derechos políticos y establece primer párrafo quienes tengan una sentencia por delitos en específico, quienes sean deudores alimentarios morosos, y el tercero establece que en ningún caso podrán ser registrados como candidatos quienes están en estos supuestos” explicó Hernández.

Candidatos a cargos públicos en Baja California no han solicitado protección o apoyo de seguridad

Pese a la inseguridad en diversas entidades del país y al asesinato de 28 políticos en lo que va de este año, hasta el momento, solo 36 candidatos de un total de 20 mil 79 cargos locales, han solicitado protección a los institutos electorales y autoridades estatales.

El IEE informó que en Baja California ningún candidato a un cargo público ha solicitado apoyo en materia de seguridad.

“Al día de hoy no hemos recibido nosotros ninguna solicitud de apoyo de seguridad, contempla la ley, que cuando un candidato presenta la solicitud ante nosotros, lo que vamos a hacer es trasladarlo a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes realizarán un análisis de riesgo que presenta la persona” expresó Hernández Morales.

Es importante señalar que el organismo estatal tiene la obligación de mantener comunicación con todos los participantes a un cargo de elección popular, independientemente del partido político al que pertenezca, con el objetivo de que se brinde la seguridad necesaria en caso de que esta sea solicitada.

A nivel nacional, Michoacán y Guanajuato son los estados donde más candidatos locales han solicitado protección y un protocolo de seguridad.