En un sorprendente hecho, Leonard Darnell George, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ha sido acusado de aceptar sobornos para facilitar el paso de vehículos cargados de peligrosas drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos.

La acusación también señala a Mario Ángel Gutiérrez, Esteban Galván y otros cuatro individuos no identificados, acusándolos de conspiración para importar y distribuir sustancias controladas en el Distrito Sur de California y otros lugares. Según las investigaciones, estos individuos habrían coordinado el contrabando de metanfetamina, fentanilo, cocaína y heroína desde México, con el objetivo final de introducir estas drogas en Estados Unidos.

El oficial George ahora enfrenta cargos adicionales por recibir sobornos, en los que se alega que de manera directa e indirecta "exigió, buscó, recibió, aceptó y acordó" recibir objetos de valor a cambio de permitir el ingreso de vehículos cargados de narcóticos a Estados Unidos, violando gravemente sus deberes oficiales de hacer cumplir las leyes de sustancias controladas y aduanas del país.

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En medio de este escándalo, Gutiérrez también enfrenta cargos por posesión de un arma de fuego en relación con actividades de tráfico de drogas, complicando aún más su situación legal. De acuerdo con el fiscal estadounidense Randy Grossman

La acusación alega que el oficial George ha violado las mismas leyes de tráfico de drogas que se suponía debía hacer cumplir

"La Fiscalía de Estados Unidos y nuestras agencias asociadas en el Distrito Sur de California están comprometidas a erradicar y castigar la corrupción", añadió. Grossman agradeció al equipo de persecución y a las agencias investigadoras por su destacado trabajo en este caso.

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Este impactante apura a la HSI y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley a desmantelar organizaciones criminales transnacionales y eliminar cualquier indicio de corrupción en el gobierno. Chad Plantz, agente especial a cargo de HSI San Diego, enfatizó el compromiso de su agencia en proteger la patria y a los ciudadanos del país.

De acuerdo con lo informado en un comunicado de prensa, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, encabezada por Joseph V. Cuffari, Ph.D., continuará trabajando en estrecha colaboración con sus socios de aplicación de la ley para investigar de manera rigurosa todas las denuncias de corrupción.

Por otro lado, Stacey Moy, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en San Diego, destacó la responsabilidad que recae sobre todos los empleados gubernamentales de operar con la máxima integridad y fomentar la confianza del público. Moy aseguró que cualquier individuo que traicione esa confianza será castigado.

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