Con el propósito de fomentar la transparencia, la administración de la gobernadora Marina del Pilar han dado continuidad a por lo menos veinte denuncias penales por casos de corrupción, los cuales ya ha sido presentados en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República, ocurridos durante la administración pasada. Uno de los casos más sobresalientes es el de irregularidades por 90 millones de pesos en la compra de uniformes y lavamanos médicos durante el periodo de la pandemia.

Durante la octogésima edición del “Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar”, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, informaron que actualmente están siendo investigados funcionarios de la pasada administración, destacando los casos de Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y Mikel Roberto “N” que desempeñaban funciones en el área de la salud. Contra ellos pesan por lo menos ocho denuncias por diversas conductas criminales.

En el caso particular de Alonso Óscar “N”, el funcionario estatal dio cuenta de que está siendo investigado en lo particular por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas.

No obstante, Pon Méndez agregó que las investigaciones administrativas continúan, por lo que no se descarta que los organismos encargados de la procuración de justicia den como resultado la responsabilidad de más personas involucradas en actos de corrupción, y aseguró que se informará puntualmente a la sociedad de dichas determinaciones, mismas que serán remitidas además ante el Poder Judicial del Estado.

En ese sentido, la gobernadora Marina del Pilar destacó que en lucha contra la corrupción y la dignificación del servicio público ha sido fundamental el trabajo que ha realizado la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ya que su titular, Rosina del Villar, se dio a la tarea de definir un plan de trabajo, poner orden jurídico y administrativo, entablar estrategias de defensa, fiscalización y auditoría, así como otras actividades para encauzar, por primera vez en la historia del Estado, un auténtico combate a la corrupción en Baja California.

“Cuando asumimos la administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías.”, abundó.

Resultado de las acciones implementadas, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco en proceso de turnar a investigación. También hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos, de los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.

Se han atendido dos mil 631 asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de contraloría social, para lo cual se cuenta con un convenio con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Se da cuenta también de 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones. A esto se suman 32 expedientes que han sido turnados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que sea el Poder Judicial el que determine las sanciones.

La secretaria Rosina del Villar agregó que la dependencia a su cargo impulsa la participación de la ciudadanía en estas acciones, a través de las contralorías sociales, donde no solamente son testigos de la atención a las denuncias que se han presentado, sino que además han tenido la oportunidad de denunciar las irregularidades que se han registrado en las obras y en los programas sociales.

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