Este miércoles 18 de Mayo, la senadora Alejandra León Gastélum presentó una proposición con punto de acuerdo en donde pide que las autoridades bajacalifornianas realicen indagatorias penales referentes a la participación de Jaime Bonilla y exfuncionarios pertenecientes a su administración sobre el proyecto de la planta fotovoltaica, de la cual la empresa Next Energy estaba a cargo.

De tal manera, la legisladora en la Cámara Alta, entregó a la Comisión Permanente en el Senado de la República, la proposición que solicita a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y al fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, a emprender acciones legales conducentes y citar a comparecer a Jaime Bonilla y sus excolaboradores por ser responsables de afectar los recursos del erario público derivado de contrato realizado en la empresa.

La senadora, integrante del Grupo Plural, recordó que, en noviembre de 2020, el Congreso local autorizó al Poder Ejecutivo un contrato plurianual por un lapso de 30 años por un monto de 1,500 millones de pesos para construir la planta fotovoltaica.

Alejandra León señaló que esa autorización afectó los ingresos del gobierno del Estado, entre ellos, las Participaciones Federales. Además, ante la opinión pública el proyecto fue criticado por su opacidad y falta de sustento técnico y legal.

“A pesar de que el exgobernador Jaime Bonilla colocó la primera piedra de la obra en mayo del 2021, esta no contaba, ni hasta la fecha cuenta para su construcción y operación, con los permisos correspondientes por parte de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Por lo que, más allá del acto propagandístico relativo a la colocación de la primera piedra, el avance del proyecto es completamente nulo”, aseveró.

Sin embargo, León Gastélum expresó, que “debido a la naturaleza de las cláusulas pactadas entre los exfuncionarios y la empresa se ha causado un daño al erario por más de 12,000 millones de pesos de acuerdo con las propias declaraciones del actual secretario de Hacienda del gobierno del estado encabezado por Ávila Olmeda”.

Lo anterior, a causa de que independientemente de que la planta fotovoltaica no se esté construyendo ni cuente con los permisos para operar, los cuales ya han sido negados por la autoridad federal, el gobierno está obligado a cubrir este pasivo.

“Esto, resulta clara y gravemente perjudicial para las finanzas públicas de Baja California, pues el gobierno deberá cumplir con los compromisos financieros derivados de un contrato evidentemente desventajoso que, además no ha reportado, ni reportará ningún beneficio a los bajacalifornianos por el hecho de que la realización de su objeto es imposible”, finalizó Alejandra León.

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