En una conferencia de prensa realizada el pasado martes 28 de septiembre, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa que propone la legalización de la interrupción del embarazo, el cual modificaría ciertas pautas de la Constitución local, Código Penal, Ley de Víctimas y Ley de Salud Pública del Estado de Baja California.

Sánchez Allende señala que esta propuesta se deriva de la decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomada el pasado 7 de septiembre, donde en un hecho considerado por muchos como ‘histórico’, el tribunal supremo aprobó oficialmente la despenalización del aborto voluntario en México.

Asimismo, la legisladora afirmó que esta estrategia también atiende a la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer instaurada en Baja California, misma que fue emitida por la Secretaría de Gobernación hace algunos días, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Con el objetivo de informar y apoyar a la población femenina en el tema del aborto, se tiene planeado abrir ciertos espacios para discutir y analizar el tema.

Entre las pautas que aborda esta propuesta se estipula que la mujer que se realice un aborto o consienta que otra persona la ayude a interrumpir su embarazo luego de tener 12 semanas de embarazo, será castigada con hasta 6 meses de prisión o 50 días de trabajo comunitario en favor de la comunidad.

La sanción también aplicará para aquellas personas que sean cómplices de este proceso.

Respecto a víctimas de violación sexual, las instituciones públicas del Estado deberán comprometerse a brindarles la asistencia y atención médica necesarias, además de servicios de anticoncepción de emergencia o de interrupción voluntaria del embarazo en los casos donde la ley así lo permita, todo de manera gratuita.

Será la Secretaría de Salud (SSa) la dependencia que se encargará de monitorear la disponibilidad de estos servicios, incluyendo las técnicas necesarias para practicar un aborto segura en los plazos previamente establecidos, ademas de realizar constantemente una auditoría a las instituciones, tanto públicas como privadas, donde se practiquen este tipo de procedimientos.

En caso de que algún centro médico no ofrezca o cumpla con algún parámetro de calidad, seguridad, higiene o eficacia, la SSa deberá dar aviso al Ministerio Público correspondiente para establecer la respectiva sanción.

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