El expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, ha sido procesado y puesto en libertad condicional por un juez, aunque se le ha colocado un dispositivo de rastreo, por lo que no podrá huir ni salir del país.

En un plazo no mayor a 6 meses, Lozoya deberá presentar evidencia suficiente y distintas declaraciones que vinculen a otros funcionarios a la red de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de lo contrario sería llevado a juicio por sobornos de más de 10 millones de dólares recibidos por las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.

De presentarse las condiciones esperadas, la Fiscalía General de la Repúblico (FGR) podría construir un caso sólido y emitir acusaciones contra exintegrantes de los más altos niveles de gobierno. De esta forma Lozoya se ha convertido, a su vez, en un testigo protegido, mientras que sus abogados reúnen elementos para su defensa y probar su inocencia, aunque la evidencia indique lo contrario.

En las audiencias iniciales expuso que fue utilizado presionado y acosado por un “aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado Mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.

Para evitar ser sentenciado, Lozoya puede “salvarse” denunciados delitos más graves, obteniendo así por perdón o una pena reducida.

RELACIONADO: "Demostraré que no soy culpable": Emilio Lozoya

Con información de Animal Político