En días recientes el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, terminó por designar de manera directa a una persona de su confianza al frente de la Fiscalía Anticorrupción, optó por desconocer en lo absoluto el proceso de selección que se venía desarrollando en uno de los poderes de la unión, el Senado de la República.

Aunado a la anteposición de intereses de orden político y electoral, las y los señores senadores de la legislatura saliente no alcanzaron consenso, se condujeron en todo momento atendiendo una lógica de intereses partidistas y con total ausencia de un mínimo sentido de urgencia para seleccionar y nombrar oportunamente a quien resultara el mejor perfil entre los candidatos que se mantuvieron vigentes hasta el final en su aspiración; la omisión fue intencional, podría asegurar que el acuerdo fue precisamente no alcanzar acuerdo y entonces generar las condiciones que permitieron la designación presidencial directa, como terminó sucediendo.

Considerando que el combate a la corrupción es el “proyecto bandera” y principal compromiso del actual gobierno, a la fecha no se conoce una política pública, plan o programa anticorrupción, se percibe, se observa y comenta la injerencia directa de la Presidencia de la República en los órganos autónomos e impera la indefinición respecto al futuro del ya constituído Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En los organismos de la sociedad civil y la comunidad académica no solo hay preocupación al asegurar que existe animadversión a los entes reguladores, fiscalizadores y en general un desprecio a un sano principio de contrapesos acorde a un sistema de equilibrios, sino gran parte de esta preocupación nace ante la ausencia de políticas públicas en materia anticorrupción, no pasa o se materializa ninguna acción trascendente mas allá del discurso y, contrariamente, se habla de perdón a corruptos, de borrón y cuenta nueva como los expreso de viva voz el propio Presidente López Obrador, situación que resulta por demás preocupante, estaremos hablando de ¿fomento a la impunidad?

Este panorama no es nada alentador ya que el binomio corrupción e impunidad afecta el interés público, desincentiva la inversión privada, merma el presupuesto de las familias, distorsiona la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad y erosiona la credibilidad de los gobiernos, reduce significativamente los ingresos por política tributaria, impide que los escasos recursos públicos complementen el desarrollo y bienestar colectivo, revitaliza la propia cultura de la corrupción contribuyendo a su fomento y proliferación, genera desigualdad y discriminación.

Sigue caracterizándose nuestro querido México por estar al frente y en los primeros lugares, pero en el medallero sobre corrupción e impunidad, nuestro México es líder sí, pero por ser el primer país que es caso de estudio estadístico a nivel internacional en materia de impunidad, destaca el desarrollo de la metodología de investigación, análisis cuantitativo de datos y procesamiento de información según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia; y de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, nuestro México ocupa el penúltimo lugar, siendo el 58 de 59 países evaluados con mayores niveles de impunidad, la cual mantiene una correlación estadística con los niveles de corrupción.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acertadamente señala que la corrupción no es exclusiva del sector público, el sector privado padece de la corrupción de delitos relacionados directamente con corrupción. El fraude interno en las empresas registra una incidencia de 75%. Casi 8 de cada 10 empresas que operan en nuestro México han padecido cuando menos un fraude.

El 44% de las empresas en nuestro México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. En la encuesta de estudio, los empresarios sostienen verse obligados para gestionar trámites, obtener licencias o permisos, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones.

El estudio revela que los destinatarios de los “pagos extraoficiales” de las empresas por orden de gobierno son de la siguiente manera: 17% Entidades públicas; 24% gobierno federal; 26% gobierno estatal y 33% gobierno municipal.
Curiosamente para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema, para el 80% un problema serio.

Cabe hacer mención que por disposición legal, ahora el sector privado tiene nuevas responsabilidades y obligaciones para prevenir la corrupción, entre ellas la obligatoriedad de implementar programas de ética corporativa, publicidad y difusión, línea de denuncia y capacitación para empleados, elaboración de un código de ética, colaborar e involucrarse con el sistema local anticorrupción, fungir como testigos sociales, participar en observatorios ciudadanos, denunciar irregularidades y proponer políticas públicas entre otras responsabilidades.

Si bien se ha trabajado lentamente en el andamiaje legal y el adecuamiento normativo así como en la creación del propio Sistema Nacional Anticorrupción conformado por varias instituciones, (ahora ya integrada formalmente la Fiscalía Anticorrupción), los esfuerzos institucionales han fracasado, ha imperado la simulación, los resultados son intangibles, no impactan ni menos influyen en los referentes internacionales

La mas reciente publicación en enero de este año 2019 por parte de Transparencia Internacional, señala que nuestro México descendió tres lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción.

En nuestro México la impunidad es un serio probema de gobernanza, ya rebasó todas las instancias y órdenes de gobierno. Solo van a funcionar contrapesos acordes a un orden democrático moderno compuesto por una activa y enérgica sociedad civil, la exigencia del sector privado, los pronunciamientos de analistas y académicos, los señalamientos de medios de comunicación y la difusión de organismos internacionales.

En lo personal no deseo un Sistema Nacional Anticorrupción vencido por el sistema nacional de la corrupción. Veremos qué futuro le depara al SNA debiendo estar atentos a su fortalecimiento institucional y no a su eventual manipulación o desmantelamiento. No podemos ni debemos dar lugar a espacios de impunidad, incluyendo al alarmante ofrecimiento presidencial de amnistía como promesa generalizada a corruptos y delincuentes.

Indistintamente de quien provenga o sea el oferente de tal inconcebible idea, no se debe permitir la impunidad ni como elemento discursivo y menos como acción gubernamental concebida como política pública, nos corresponde a todos involucrarnos en observar y señalar las anomalías e irregularidades respecto de los asuntos de orden público.

En varias entidades federativas y en concordancia con los Sistemas Locales Anticorrupción, están iniciando los procesos de selección del Fiscal Estatal Anticorrupción. A Baja California le debe preceder, por elemental congruencia histórica y acorde al ejemplo de ser el primer estado de oposición en la historia moderna del país, ser punta de lanza en los diferentes rubros de fortalecimiento democrático y ni qué decir en materia anticorrupción

No obstante, Baja California presentó serias deficiencias así como dilaciones en la implementación del Sistema Local Anticorrupción incumpliendo los términos y plazos constitucionales. Pareciera no ser prioridad en la agenda legislativa del congreso local y menos para el Gobierno del Estado.

Aunado a ello, de todos los estados de la República, Baja California destacó por ser el único estado reprobado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en cuanto a la calificación de reformas constitucionales que en materia anticorrupción se refiere. De hecho, tal condición, motivó la presentación de un juicio de amparo por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, antecedente por sí mismo lamentable para nuestra entidad.

Así, el estudio más reciente (2018) sobre el Índice de Desarrollo Democrático que realiza la fundación Konrad Adenauer, y que considera varios aspectos como la vida institucional, partidos políticos, índice delictivo, desarrollo social, participación ciudadana y comportamiento del estado ante medios de comunicación, destaca nueve puntos que deben ser tomados en cuenta como áreas de oportunidad para mejorar el Desarrollo Democrático en Baja California:

1. Lograr mayor adhesión de la ciudadanía en los procesos electorales y generar procesos de construcción de ciudadanía.
2. Trabajar hacia una mayor inclusión de las mujeres en las áreas del Estado.
3. Incrementar la lucha contra la corrupción.
4. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
5. Mejorar la lucha contra la delincuencia organizada.
6. Implementar políticas de empleo.
7. Mejorar la asignación y el uso de las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación.
8. Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera.
9. Generar mejores condiciones de desarrollo económico.

Deseo que con sentido de responsabilidad que tanto el legislativo como el ejecutivo local prioricen la atención escrupulosa del tema y no un mezquino interés que denote la burda celeridad o urgencia del gobernador por pretender imponer Fiscal Anticorrupción a modo previo al termino de su gestión, subsumido a intereses ajenos o contrarios a su encomienda institucional y sin autonomía de gestión, técnica y operativa, situación que se ha venido presentando en diferentes entidades. Por ello es imperante el observatorio ciudadano, la activa participación del sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. De no ser así, fracasará la posibilidad de reivindicar nuestro precedente democrático y en definitiva deje de ser Baja California el factor diferenciador del resto de la República en este rubro. Nuestro México más impune ya no puede ser.

*Edgardo Flores Campbell es Autor del Plan Integral de Seguridad para Municipios. Es experto en Seguridad Pública y Nacional, Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública y actual candidato a Fiscal Nacional Anticorrupción.

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