WASHINGTON.- Programas como Comunidades Seguras tienen "errores fundamentales", son aplicados con "desproporción" y "dañan la credibilidad" de las agencias federales de seguridad de EE.UU. ante los inmigrantes, criticaron este martes diversos grupos activistas.

El programa Comunidades Seguras y otros como el 287g, que persiguen a inmigrantes con antecedentes penales, suponen que cualquier detención o contacto con la policía por parte de un inmigrante pueda causar que se remita de manera inmediata información a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

En algunos casos, estos procesos pueden culminar en la deportación.

"Esto ha generado un estado de terror" en comunidades con alto número de inmigrantes indocumentados, aseguró Adelina Nichols, directora de un grupo latino de derechos humanos en Georgia.

Además, la gran mayoría de los casos no responde a las prioridades anunciadas en su lanzamiento, que aseguraban que el objetivo era perseguir a aquellos indocumentados que suponen una amenaza fundamental para la seguridad de EE.UU.

Más del 56 % de las personas que son detenidas por las autoridades carece de historial delictivo, según un reciente estudio de la Universidad de Berkeley de California.

La mayor parte de las violaciones por las que son detenidos los inmigrantes corresponden a simples infracciones en las normas de tráfico, indicó el estudio.

Otro de los "errores fundamentales" del sistema es que utiliza a agentes locales para aplicar leyes de carácter federal a los que no ofrece entrenamiento, y que muchas de las detenciones tienen como meta cumplir con las "cuotas" de deportación establecidas sin atender a las características de cada caso.

"Estas actuaciones minan la credibilidad de las agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", aseguró en conferencia telefónica Sarahi Uribe, coordinadora de la Red de Trabajadores Organizados National Day.

Por su parte, Patty Kupfer, del Fondo para la Voz Americana en la Educación, ahondó en las críticas al señalar que se "deteriora la confianza en las comunidades, al saber que incluso la denuncia de un crimen puede conducir a la deportación".

Por si fuera poco, los activistas subrayaron la "alarmante desproporción racial" que registran, con un 93 % de las personas identificadas para la deportación de origen latino, mientras que según datos oficiales sólo representan el 77 % de los inmigrantes indocumentados en EE.UU.

Los activistas critican que aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado la supresión del 287g este año, las mismas políticas se mantienen a través de Comunidades Seguras.

Estos grupos urgieron a la Administración de Barack Obama a una "reforma profunda" de estos programas antiinmigrantes para que puedan estructurarse de acuerdo con sus intenciones originales y no se conviertan en una herramienta aleatoria y discrecional en manos de agencias que no están preparadas para esta labor.

Comunidades Seguras se puso en marcha en 2008 bajo la Administración de George W. Bush y se ha expandido bajo el gobierno de Obama, que ha planteado como meta alcanzar su aplicación en todo EE.UU. para 2013.

En la actualidad, el programa está vigente en 44 estados, además de Puerto Rico, de los 50 que componen EE.UU.

El pasado año Estados Unidos deportó a 396.906 inmigrantes indocumentados, cifra récord, lo que supuso un 1 % de incremento frente a los 392.862 de 2010, de acuerdo con los datos del ICE.

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