Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que podría aplicar una ley federal instaurada en 1994 con el fin de proteger el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos. La iniciativa se trata de una contra respuesta a la nueva norma de Texas, la cual prohíbe la interrupción del embarazo en el estado americano.

De acuerdo con el gobierno de Joe Biden, el presidente pretende defender a todas aquellas personas que estén interesadas ya sea en “recibir o proporcionar” servicios de salud reproductiva con la implementación de la llamada “Ley de Libertad de Acceso a la Entrada a Clínicas” (FACE por sus siglas en inglés).

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó que el departamento a su cargo se encuentra explorando todo tipo de opciones de manera urgente para responder a la Ley de Texas y continuar protegiendo los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando entró en vigor la legislación de Texas donde se prohíbe la práctica del aborto a las 6 semanas de gestación, periodo en que ya es posible detectar el corazón del feto, y sin contemplar excepción en casos de violacion o incesto.

Asimismo, el decreto texano permite establecer demandas civiles en contra de cualquier persona que auxilie a una embarazada en abortar si consideran que están infringiendo la ley, ofreciendo también indemnizaciones de hasta 10 mil dólares al demandante si es que gana el juicio.

Garland declaró que el Departamento de Justicia colaborará con las oficinas de fiscales generales y del FBI para proporcionar respaldo a las clínicas que se encuentren bajo ataque de dicha ley federal, pero aún planean la manera de hacerlo.

La norma surgida en 1994 fue originalmente impuesta por el presidente Bill Clinton y prohíbe el uso de la fuerza para interferir o intimidar a las personas que buscan realizar un aborto en un centro de salud o a causar daños materiales de forma inecesaria a hospitales que ofrezcan servicios reproductivos.

Desde que la ley fue anunciada, Biden ordenó la total movilización de sus recursos como presidente de Estados Unidos para proteger el derecho al aborto en Texas, solicitando la ayuda del Consejo de Políticas de Género y la Oficina del Abogado de la Casa Blanca “un esfuerzo gubernamental integral” para garantizar el derecho de la mujer a un aborto seguro y legal.

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