Pasan las administraciones gubernamentales, cambian los partidos políticos y sus representantes, pero los discursos revictimizantes y estigmatizantes siguen siendo los mismos y pareciera que no se ha avanzado nada en materia de género y discriminación gubernamental.

Es el reclamo que la sociedad y las colectivas feministas en Baja California han compartido a voces y en diversas manifestaciones, luego de los comentarios que el Fiscal General del Estado (FGE), Guillermo Ruiz Hernández, proclamó tras el asesinato de Danna Marian, sucedido el pasado 22 de agosto en Mexicali.

Pese a la violencia del asesinato -Danna fue herida por arma punzocortante, golpeada de forma contundente en el cráneo e incinerada en un lote baldío-, los tatuajes de la joven de 16 años fueron los que más llamaron la atención del Fiscal, al referirse que “la niña también traía tatuajes por todos lados”.

Los dichos de quien encabeza la dependencia encargada de investigar este tipo de delitos, despertaron no solamente la indignación de la familia y amigos, incluso llegó más allá del estado bajacaliforniano, condenando un hecho que en primera instancia se consideró como feminicidio.

Ante estas circunstancias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo un llamado a la FGE a no revictimizar ni estigmatizar a víctimas de delitos como el feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres.
En los últimos cinco años, la CEDHBC ha realizado dos recomendaciones - La 11/2017 y la 17/2018- por violaciones a los derechos humanos de igualdad y no discriminación a autoridades municipales pasadas de Tijuana, encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN) por considerar que hubo una violación a los derechos humanos de las personas.

Las dos recomendaciones se vienen a sumar al llamado que se le hizo a la institución que ahora representan funcionarios del partido Morena, lo que deja como evidencia que estos mismos patrones de conducta se siguen repitiendo, independientemente del partido, sobre todo cuando de violencia hacia la mujer se trata.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019, de las 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que radican en el estado, el 66.1% enfrentó violencia de todo tipo; más de 200 fueron asesinadas.
En cuanto a feminicidios, hasta julio de 2020, Baja California registra 21 feminicidios, ubicándose en el octavo sitio a nivel nacional, de los cuales, 14 se han presentado en Tijuana y tres en Mexicali.

Evade Fiscal disculpas ante la prensa por dichos sobre Danna

El lunes 24 de agosto, luego de las protestas de familiares y amigos de Danna Marian, el fiscal Guillermo Ruiz comentó ante medios de Mexicali que lo que había dicho no era en referencia a la joven, sino que se refería a que van “a sancionar e investigar con mucha fuerza aquellos comercios que se dediquen a tatuar menores de edad”, incluso si lo hacen con el consentimiento de sus padres, porque “también (los padres) están cometiendo un delito”.

Desde 2004 que la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud, en su Artículo 268 Bis-1, se estipuló que está “prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones a personas menores de 18 años de edad”; por lo tanto, se considera un delito sancionable con una multa de hasta dos mil veces el salario mínimo.

Sin embargo, la propia Ley establece que un menor acompañado por su padre o tutor, o con un permiso escrito de los anteriores, puede realizarse un tatuaje, por lo tanto, no representa un delito como lo señaló el propio Fiscal, causando indignación entre quienes se dedican a este tipo de actividades.

Posteriormente, el día 1 de septiembre, Guillermo Ruiz Hernández evadió disculparse ante los medios de comunicación por sus dichos revictimizantes, cuando fue cuestionado por medios en Tijuana, contrario a ello, se limitó a decir que intentaría buscar a la familia de Danna y convocaría a una rueda de prensa para compartir avances sobre este caso, dado que tres de sus agresores fueron detenidos y vinculados a proceso, y uno más se encuentra todavía prófugo.

“Penoso” para el Estado

Meritxell Calderón Vargas, titular de la Red Iberoamericana pro Derechos Humanos, compartió en entrevista con San Diego Red que le parece “penoso” que a nivel nacional como activistas trabajen y compartan avances sobre lo que se ha trabajado en materia de derechos y humanos, y sean interpelados por este tipo de situaciones.

Como activistas ven como una limitante hacia su trabajo el hecho de que este tipo de discursos se sigan repitiendo, porque “muchas veces desliga de hacia dónde vamos; ya vamos avanzando y de repente salen con eso, no solo en medios de comunicación, sino en espacios académicos y espacios de la sociedad civil”.

Sobre los discursos que han tenido los gobiernos, la activista señaló que, en la administración estatal pasada, encabezada por Francisco Vega de Lamadrid, se abrió un diálogo con algunas integrantes de la sociedad civil, y con el actual, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, de a poco se han encontrado defensoras que ahora están en algún espacio político, y eso “es lo que salva porque se ha podido atender a víctimas”.

Si embargo, resaltó que, si se toma en cuenta también los dichos del Gobernador, en cuanto a que las recomendaciones a derechos humanos son “llamadas a misa”, pronunciamiento que hizo el 23 de agosto (un día después del asesinato de Danna), les deja “en un escenario de in defensión a las mujeres y por otro a las y los activistas y defensores de derechos humanos, que estamos trabajando en atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”.

Cuestionado sobre el discurso estigmatizador del Fiscal, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, solamente se limitó a decir que había sido “desafortunado” y que no podía hablar por él en este caso.

Hace falta una Ley de Archivo

Activistas consultadas, coincidieron con Meritxell Calderón en el sentido de que en el estado hace falta una Ley de Archivo, en la que con datos de las propias asociaciones civiles se realicen exigencias sociales y se esté continuamente aportando al tema de la violencia hacia la mujer.

Ejemplo de ello es que, en el tema de la trata, muchos de los puertos no tienen lineamientos de operación para prevenir la trata de mujeres y niñas, además que en las fronteras el protocolo de desaparición muchas veces no se aplica por falta de coordinación entre las autoridades, cuando en conjunto se podrían estar detectando varios delitos contra las mujeres y llevar los casos.

Esto resalta el problema de la violencia contra la mujer, señalan, la falta de protocolos, porque cuando se encuentra un cadáver de una mujer, las autoridades tienen que aplicar el protocolo y descartar el feminicidio, porque sucede que el perfil criminal que debería existir para los perpetradores, se los aplican más a las víctimas, que a los victimarios, como sucedió con el Fiscal.

Finalmente, Meritxell Calderón compartió que, aunado a ello, se tienen que dar a conocer las cifras negras que hay en torno a la violencia hacia la mujer, porque saben que ahí está toda la población discriminada, de las cuales a veces ni siquiera llegan a nota periodística los homicidios y esos cadáveres llegan a fosa común y las familias nunca se enteran.

Trabajo que se tiene que hacer de forma real y concreta desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, dándole seguimiento a los casos y apoyo a los familiares de las víctimas, para poder declarar los feminicidios y desapariciones como tal.

Aunque lamentablemente la corrupción al interior de dicha dependencia, dijo, “ha sido un obstáculo para el acceso a la justicia para las mujeres, porque muchas personas que estamos dispuestas a trabajar en ello, no se nos permite el acceso (a los casos)”.